La presentación, declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, apunta a los delitos de infracción al artículo 202 del Código Penal, falsificación de instrumento público y privado, uso malicioso de instrumentos falsificados y fraude al Fisco.

Puerto Montt, 25 de junio de 2025.- La Municipalidad de Puerto Montt, a través de su Unidad Penal, presentó la primera querella a nivel nacional contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el uso irregular de licencias médicas detectado por la Contraloría General de la República.

La presentación, declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, apunta a los delitos de infracción al artículo 202 del Código Penal, falsificación de instrumento público y privado, uso malicioso de instrumentos falsificados y fraude al Fisco.

“Esta querella fue presentada y fue declarada admisible y ahora lo que esperamos es que se investigue si estos hechos constituyen delitos y si hubo alguna participación como autor, cómplice y encubridor. Tenemos la convicción absoluta de que estos hechos tienen que ser investigados para que haya claridad frente a nuestra ciudadanía”, expresó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

En el documento, la Unidad Penal Municipal (UPM) argumentó que los hechos no sólo representan una transgresión a la fe pública a través del otorgamiento y utilización de documentos falsos, sino que ponen en juego bienes jurídicos de la mayor relevancia para la administración, como lo son la probidad, la indemnidad del patrimonio fiscal y el eficiente y correcto ejercicio de la función pública.

Respecto de la información dada a conocer por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, sobre cinco médicos que, en dos años, otorgaron 2.500 licencias solamente a la Municipalidad, la querella busca que se determinen responsabilidades penales de los facultativos que, en su calidad de funcionarios públicos, hubieren otorgado irregularmente licencias médicas. Y también de quienes, teniendo esa misma calidad de empleado público, las obtuvieron fraudulentamente.

Ello, sin perjuicio que también se solicita extender la investigación a licencias otorgadas por profesionales ajenos a la casa edilicia.

Dentro de las diversas diligencias solicitadas, la UPM pidió en la acción legal que se despache una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, “a fin de que se realicen todas las diligencias necesarias para comprobar los hechos denunciados, identificar a los responsables y reunir antecedentes útiles para el desarrollo de la investigación penal y así se pueda arribar a sanciones penales”.

Eventual responsabilidad penal

El abogado Marcos Emilfork, quien lidera la UPM, destacó que esta querella busca establecer la existencia de los delitos que se invocaron, más allá de las investigaciones sumarias caso a caso que lleva adelante el municipio, para lo cual designó a tres fiscales con dedicación exclusiva y contrató a cuatro abogados que apoyarán las indagatorias administrativas.

“A través de esta acción legal buscamos que se investigue en profundidad por la Fiscalía la eventual responsabilidad penal por la comisión de delitos por parte de médicos que otorgaron fraudulentamente licencias médicas, como de funcionarios públicos y especialmente municipales que las obtuvieron irregularmente”, puntualizó Emilfork.

La Contraloría General de la República fijó inicialmente en 483 los casos de funcionarios que salieron del país mientras estaban con licencia médica -lo que ubicó a la Municipalidad de Puerto Montt como la quinta institución pública a nivel nacional-, pero posteriormente se aclaró que algunas personas registraban más de un viaje al extranjero. De esta forma, la cifra se redujo a 341 personas involucradas.

A la fecha, la UPM ha intervenido en cerca de 50 casos, algunos de alta connotación pública o que han afectado gravemente la seguridad pública en algún sector, así como en hechos que han lesionado la función pública municipal o el patrimonio fiscal. Entre ellos está el reciente caso de un imputado por robo en el sector del Terminal de Buses, que presentaba 11 condenas anteriores y que hoy está en prisión gracias a la intervención municipal, la fiscalía y los tribunales de justicia.